Estados Unidos y Venezuela son estados parte del Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados. Venezuela adoptó en 1966 y luego ratificó en 1978 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mientras que Estados Unidos lo ratificó en 1992. En virtud de la vigencia de estos convenios ambos países tienen obligaciones de carácter internacional respecto a derechos fundamentales en materia de protección a las personas refugiadas, a las detenidas por las autoridades o a quienes ejercen sus dereechos políticos. En ese contexto, el equipo directivo de CEFILVEGA rechaza categóricamente la actuación gubernamental de Donald Trump y de la administración de los Estados Unidos contra la integridad y libertad personal, el derecho a la defensa y al debido proceso de todas las personas migrantes, especialmente las venezolanas, quienes han sido objeto de deportaciones masivas en medio de la ejecución de una política de claro carácter xenófobo y criminalizador del derecho a la identidad y a la movilidad humana.
Anunciada desde el mes de enero pero con inicio material en marzo de 2025, el gobierno de Trump desarrolla una persecusión sistemática de inmigrantes de nacionalidad venezolana en el territorio de los Estados Unidos y mediante la deportación de más de 250 personas mayoritariamente venezolanas, decidió su encarcelamiento en el CECOTT, penitenciaría ubicada en el territorio de El Salvador. Este método de deportación también se ejecutó hacia la base militar de los Estados Unidos ubicada en Guantánamo, Cuba. Todo ello, pese a las protestas de las organizaciones de defensa de derechos humanos con sede en territorio estadounidense y venezolano y a las prohibiciones judiciales emitidas por jueces de los Estados Unidos. Amnistía Internacional ha denunciado esta práctica de Trump como lesiva a los derechos humanos.
El procedimiento es completamente ilegal y contrario a las convenciones internacionales pues las detenciones son arbitrarias, los traslados son hechos bajo engaño y de manera compulsiva, carecen absolutamente de fundamento ya que no se basan en procesos judiciales previos y no se informa a las familias de las personas detenidas sobre su paradero y salud. Con el consentimiento de las autoridades de Estados Unidos y de El Salvador se difundieron públicamente imágenes que demuestran los tratos crueles y degradantes realizados sobre la humanidad de estas personas detenidas y deportadas, todo lo cual pone en evidencia el riesgo que corren sus vidas. También se han hecho públicas las denuncias de criminalización a la migración venezolana en Estados Unidos, al punto que el cantautor Rubén Blades, se pronunció solicitando la liberación del cantante venezolano Arturo Suárez Trejo, de reconocida actividad como músico, sin vinculación alguna con la comisión de delitos y quien fuera reconocido por su esposa a través de los videos que circularon y que representan una clara demostración del ensañamiento con que maltrata a la diáspora venezolana. Pero como no sólo es el caso de personas de nacionalidad venezolana, sino también el de cientos de personas procedentes de otros países latinoamericanos, se trata de una política de estado ejecutada por el gobierno de Trump, caracterizada por la segregación, el racismo y la xenofobia: típica de regímenes como el apartheid.
Respecto a las personas migrantes venezolanas deportadas a El Salvador y Guantánamo, Trump le acusa, sin haber presentado pruebas, de pertenecer a una banda delictiva con raíz en Venezuela. El nombre de la banda criminal se utiliza para estigmatizar, desarrollar un discurso de odio y justificar cualquier práctica violatoria de los derechos humanos realizada por las fuerzas de seguridad estadounidenses hacia las personas inmigrantes venezolanas. Tal es el caso de muchas personas que fueron secuestradas en sus domicilios a pesar que, para el momento de la detención arbitraria, se encontraban realizando sus respectivos trámites de regularización migratoria o se les había concedido el status de protección humanitaria. Bajo el principio del derecho a la defensa de toda persona humana, estas graves violaciones afectan tanto a las personas inocentes como a las que pudiesen ser responsables de la comisión de algún delito. En el caso de la emigración forzosa venezolana por razones políticas, una eventual repatriación a Venezuela, la pudiera poner en peligro y estas circunstancias no son tenidas en cuenta por Trump ni por los ejecutores de sus decisiones.
El equipo directivo de CEFILVEGA comparte el reclamo hecho al gobierno de los Estados Unidos por organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, que le exigen la inmediata devolución de los deportados bajo estas condiciones irregulares, para que su situación sea manejada con las correspondientes garantías legales, dentro del territorio de los Estados Unidos. En el caso del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, no debe mantener en las cárceles de su país a quienes no siendo nacionales salvadoreños tampoco han cometido delitos contra El Salvador o sus nacionales, ni en territorio salvadoreño; tampoco debe aceptar a personas deportadas bajo condiciones ajenas a la legalidad internacional, independientemente de sus nacionalidades.
Nos pronunciamos por el fin de todas las expulsiones y deportaciones ilegales y exigimos el respeto de los derechos humanos, en todos los casos, para estos migrantes venezolanos. Lo consideramos especialmente importante con el fin de impedir que se siente un gravísimo precedente de violación de derechos de las personas migrantes de cualquier nacionalidad, que echa por tierra todos los tratados, convenios y normas del derecho internacional humanitario.
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